DECLARACIÓN DEL CONSEJO DE LA RESERVA DE BIOSFERA DE LANZAROTE SOBRE LA CONTENCIÓN DEL CRECIMIENTO TURÍSTICO EN CANARIAS

Las Islas Canarias se encuentran inmersas en un profundo proceso de transformación sociocultural, de su territorio y su patrimonio natural como consecuencia de la implantación y, posterior consolidación, de un modelo de desarrollo turístico fundamentado en el crecimiento ilimitado de la oferta alojativa y en la ocupación de los espacios costeros de mayor calidad ambiental. Un proceso de transformación que acarrea consecuencias irreversibles para la propia viabilidad del sector a medio y largo plazo y para la población y el territorio de las Islas.

Tal y como se ha venido concibiendo hasta ahora, el turismo, a la vez que ha generado nuevas oportunidades económicas y de empleo, ha venido produciendo numerosos y graves efectos negativos a los que no se ha dado respuesta por parte de las distintas Administraciones Públicas. El resultado de dicho proceso es el inexorable avance hacia un crecimiento desde todo punto de vista insostenible, a pesar de que, desde hace lustros, se han venido manifestando opiniones reclamando un cambio de rumbo del modelo de desarrollo turístico imperante.

Cuando alrededor de 800.000 nuevas plazas turísticas planean instalarse en el Archipiélago a medio y largo plazo, el Gobierno de Canarias está dando los primeros pasos de cara a establecer límites al crecimiento turístico en las Islas, obedeciendo al mandato unánime del pleno del Parlamento Autónomo a raíz del último debate sobre el Estado de la Nacionalidad. El Consejo de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote saluda que el Gobierno de Canarias tome iniciativas en la contención del crecimiento turístico e inicie las vías para la definición de un nuevo modelo de desarrollo.

A la vez, el Consejo manifiesta su apoyo a la participación activa del Cabildo de Lanzarote en este proceso y al espíritu que anima sus propuestas, al tiempo que saludamos satisfactoriamente que el Cabildo de Lanzarote haya decidido ofrecer a las organizaciones integradas en el Consejo la oportunidad de participar en el debate regional sobre la contención del crecimiento turístico en Canarias.

La primera iniciativa del Gobierno, en forma de decreto, resulta claramente insuficiente para abordar con garantías de éxito el fondo de la cuestión, aunque este Consejo no deja de reconocer que supone un primer paso hacia el objetivo final de establecer límites al crecimiento turístico en las Islas.

Sin embargo, el decreto gubernamental permite importantes excepciones. Las medidas adoptadas por el Consejo de Gobierno son claramente insuficientes, en primer lugar, porque no paraliza la nueva oferta alojativa que saldrá al mercado a corto plazo, cifrada en unas 100.000 camas turísticas. Ello significa un incremento, casi inmediato, de la oferta alojativa de un 20%, aproximadamente. De otra parte, la suspensión no afecta a los equipamientos complementarios y a la oferta a ellos asociada para los cuales no se establece límite alguno.

Este Consejo explicita su intención de seguir participando en el debate regional sobre la contención del crecimiento turístico. A tal fin, nos proponemos elevar al Gobierno de Canarias una serie de propuestas para que sean tenidas en cuenta a la hora de redactar y debatir, mediante el trámite parlamentario y con rango de Ley, Medidas Urgentes en la materia, como ha sido anunciado. En este sentido, sugerimos las líneas de actuación específicas y en su caso medidas concretas que, a juicio del Consejo, debieran ser adoptadas por el Ejecutivo autónomo de cara a hacer efectivo el acuerdo adoptado por el Parlamento de Canarias, así como complementar el acuerdo del Consejo de Gobierno del pasado día 12.

En aras de la eficacia y la credibilidad de las intenciones gubernamentales, se hace preciso, con carácter preventivo y urgente, que la Ley de Medidas Urgentes proceda a la paralización temporal de nuevos planes urbanísticos turísticos de todo tipo, así como de creación de nueva oferta turística y construcción residencial en zonas turísticas, incluidas las medidas generalmente propuestas para la cualificación turística que provocarían un excesivo consumo de un territorio ya limitado: puertos náutico-deportivos, campos de golf y parques temáticos. También es urgente reorientar las grandes infraestructuras generadoras de altos impactos territoriales y desequilibrio en los sistemas insulares, como son los nuevos trazados de carreteras. Del mismo modo, la paralización debería ampliarse a los intentos de sobredimensionamiento de las puertas de entrada del turismo: puertos y aeropuertos.

A juicio del Consejo, estas elementales e irrenunciables acciones ofrecerían al Gobierno autónomo, y al conjunto de la sociedad canaria, el tiempo necesario para repensar el modelo de desarrollo general y turístico, reconduciéndolo hacia cauces sostenibles, a la vez que implementar el paquete de medidas urbanísticas, territoriales y turísticas, en un nuevo contexto normativo, que precisa el Archipiélago (Directrices de Ordenación del Territorio, Programas de Interés Regional…).

Para hacer efectivas estas líneas de trabajo, es preciso, de una parte, dotar al Gobierno de Canarias y a los Cabildos Insulares de cobertura legal para planificar el desarrollo urbanístico con todas sus consecuencias y poder hacer uso de facultades paralizadoras extraordinarias (moratorias, suspensiones cautelares de licencias, desclasificación de todo tipo de suelos y productos, establecimiento de límites, ritmos y condiciones…) en aquellas zonas en donde sea evidente el desbordamiento de su capacidad de carga, en concreto en Lanzarote, al haber iniciado con anterioridad su propio proceso de contención del crecimiento, se hace estrictamente necesario que las medidas gubernamentales respalden y potencien las medidas adoptadas por el Cabildo insular; de otra parte, reorientar la Reserva de Inversiones de Canarias de forma coherente con el nuevo modelo de desarrollo impidiendo, en todo caso, que se destine a crear oferta alojativa de nueva planta. Del mismo modo, es urgente, de un lado, proceder a la caducidad de aquellas licencias urbanísticas antiguas que pretenden consolidar derechos edificatorios de por vida, y, de otro lado, fortalecer los mecanismos de inspección y control para garantizar el estricto cumplimiento de las normativas urbanística y turística. Por último, proceder a la elaboración de un plan de conservación de la biodiversidad y al diseño inmediato de programas de gestión sostenible de los sectores ambientales clave: agua, energía, residuos y transportes.

Conscientes de que la introducción de nuevas políticas turísticas, de contención, en el contexto de un nuevo modelo de desarrollo para las Islas podría conllevar importantes costes, este Consejo propone explorar vías alternativas de financiación, sin dejar de lado la posible implantación de impuestos turísticos.
Arrecife, 18 de Enero de 2001